Una serie de antecedentes financieros, que hasta hace poco se mantenían reservados, reveló Sencorp, grupo inmobiliario fundado en 1962 por el arquitecto Abraham Senerman Lamas, en el marco del plan de salvataje que dio a conocer esta semana para evitar su quiebra, el que contempla la petición de una reorganización judicial.
A esta empresa se suman varias compañías constructoras e inmobiliarias que han protagonizado procesos similares para enfrentar las millonarias deudas que mantienen, como Beltec, La Cruz, Santafe, que a la fecha son las más conocidas. Todo esto en un complejo escenario para este mercado, que cada vez se acentúa más conforme pasan los meses y no mejora la situación económica del país. En el caso de Beltec, en el documento de su petición de reorganización a inicios de este año figuraba una deuda total con acreedores por $26.480 millones, mientras que la inmobiliaria y constructora La Cruz solicitó reorganizarse a mediados de este año con pasivos por $115.490 millones, siendo una empresa que cuenta con amplia experiencia en proyectos de integración social relacionados con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Pacal, otra desarrolladora de viviendas con subsidio, habría llegado a acuerdo con bancos acreedores, pero algunos proveedores le siguen cobrando deudas impagas en tribunales. El hecho de que el sector de la construcción esté contra las cuerdas responde a un contundente cóctel, que incluye las alzas del dólar, de los combustibles y fletes, que encarecen los materiales, unido a una relativa escasez de mano de obra -que presiona los sueldos-, la menor demanda de viviendas por la inflación y trabas crediticias, entre otros. La sumatoria de estos factores pone en riesgo la continuidad de una gran cantidad de iniciativas de infraestructura pública. Así lo afirmó Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), en conversación con Emol. «Como industria estamos viviendo un momento muy complicado por distintos factores. Y estos factores comienzan en la pandemia que a nuestro sector afectó con una paralización de proyectos por cerca de cuatro meses, en los que se perdieron del orden de 400.000 empleos«, dijo. Posteriormente, para lograr retomar la actividad, Errázuriz menciona que fue necesario «incurrir en costos adicionales en los proyectos, sumando una escasez de trabajadores disponibles, lo que significó un atraso de los proyectos en construcción traduciéndose en mayores costos. Una vez saliendo del momento más álgido de la pandemia, enfrentamos el quiebre de stock de algunos materiales de construcción, situación que ha llevado a un alza de 37% del precio de los materiales en un año».
Alza de materiales de construcción
Con 139 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados acordó pedir el Ejecutivo medidas administrativas y legislativas para enfrentar el alza en los materiales de construcción. Ello, en el contexto de los contratos de obras públicas vigentes y en ejecución.
La resolución pide incluir una reajustabilidad adicional, para evitar la paralización de obras con impacto social y económico.
El documento da cuenta del difícil momento que atraviesan las obras de infraestructura pública vigente y en ejecución. Esto se explica por el alza en el precio de materiales como el hormigón, petróleo, hierro, acero, madera y otros productos. El aumento ha sido de entre 35% y 40%, según la Cámara Chilena de la Construcción.
Las constructoras absorbieron principalmente esta alza. Ello, porque los contratos con organismos públicos (MOP-SERVIU- Gobiernos Regionales y otros sectores) carecen de mecanismos de reajuste o contienen uno que es insuficiente.
Las y los legisladores muestran su preocupación por cómo este escenario puede afectar la economía y el desarrollo de obras en Chile. Por esta razón, piden al Gobierno tomar cartas en el asunto
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