El anuncio del Gobierno de Chile sobre el proyecto de Ley de Presupuesto 2023 contempla, entre sus áreas de reforzamiento, la inversión pública enfocada en la mejora de infraestructura. El eje de construcción contribuiría con los programas de vivienda y transporte, como con la generación de más de 200.000 puestos de empleo, explicó el Presidente Gabriel Boric la semana pasada, Chile afronta una importante desaceleración en su economía, lo que implica, hacia el 2023, un descenso de entre 0,5 % y 1 % del PBI.
Ya en agosto, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, adelantó el panorama de lo que sería una recesión técnica. El contexto de crisis que rodea a Chile no es ajeno a la región ni al mundo. En las mismas fechas en que Boric procedía con el anuncio, el Bureau de Análisis Económico del gobierno estadounidense ratificaba la recesión técnica en el segundo trimestre del año. Esta es la contracción de su economía, registrando caídas en materia de gasto público e inversión.
La crisis y sus efectos en el sector
Ante una potencial recesión técnica, ¿cuál es el rumbo que avizora para el sector construcción? ¿Qué industrias alrededor de este se verían perjudicadas?
Hay que hacer la distinción entre obras privadas y públicas. Respecto de las primeras, es de conocimiento público que existe una importante desaceleración en el mercado, provocado por las alzas de tasas, inflación e incrementado por los requisitos más estrictos para el financiamiento bancario. Muchos proyectos en el ámbito privado (centros comerciales, residenciales, entre otros) están paralizados por los quiebres de stock de materiales de obra gruesa, los problemas de la cadena logística internacional que inciden en el costo de estos, así como por la situación política y económica del país.
Asimismo, estamos enfrentando varias reformas legislativas estructurales y el mercado está expectante.
Esta situación no solo está afectando a nuestro país, es una situación a nivel global. Una recesión y alta inflación provoca más temor en cuanto al aumento de los costos de materiales, salarios y otros. Recordemos que la crisis en una constructora en particular, no solo afectará a esa entidad privada, sino que se genera un efecto “dominó” sobre lo macro. Es decir, se daña a proveedores, subcontratistas, mandantes, trabajadores directos e indirectos.
¿Cómo le va al mercado de la inversión público-privada en materia de construcción en Chile?
La Dirección General de Concesiones, que depende del Ministerio de Obras Públicas, tiene un programa de concesiones en marcha a 2025, que considera vías urbanas e interurbanas, hospitales, obras portuarias, aeropuertos, etc. Las concesiones suponen una excelente alianza público-privada entre Estado y grandes consorcios constructores internacionales. El programa de concesiones es interesante pero insuficiente para lo que se requiere en el país en materia de infraestructura. Íbamos con gran impulso hace unos años, ahora es una tarea pendiente.
En las concesiones participan consorcios locales e internacionales dispuestos a asumir cierto riesgo. Se construye, opera y después de un tiempo determinado, se debe entregar la obra al Fisco de Chile.
Existe un listado de más de 50 licitaciones a 2025, varias de ellas ya debieron haber sido adjudicadas, pero no ha sido así, otras figuran sin interesados. Esto se debe a los riesgos que han variado mucho en estos últimos años, lo que genera incertidumbre para toda la cadena industrial asociada.
En este sentido, varias medidas anunciadas por el Gobierno de Chile apuntan a simplificar la burocracia asociada a permisos y agilizar estos para que se materialicen inversiones y proyectos más prontamente, además de mejorar los procesos administrativos entre las diversas agencias. Esto es muy relevante pues suelen ser a veces verdaderos cuellos de botella.
Se anunció, asimismo, que la inversión pública aumentará en 2023. El gasto base en inversión pública crecería 10 % en 2023 respecto de 2022, y se lanzaría un Programa de Infraestructura para el Desarrollo de 1.840 millones de dólares. Con ello, dice el Gobierno, la inversión pública total acumulará un crecimiento de 30 % en 2023 respecto de 2021. Son avances.
¿Cuál es su balance, hasta este momento, sobre la performance del gobierno en materia de alianzas público-privadas para apalancar este sector?
Hasta ahora, muchas (licitaciones) están quedando desiertas, por falta de postulaciones, muchas propuestas consideran valores de prepandemia. Esto pasa, por ejemplo, en cuanto a costos de materiales, golpeados por una inflación histórica.
El Gobierno se está haciendo cargo de esto en su plan “Invirtamos en Chile”, mediante el cual se amplía la cobertura del reajuste polinómico en los contratos de infraestructura pública.
Por otro lado, en ese programa de medidas pro-inversión, se considera convocar a mesas de trabajo público-privadas en sectores como la construcción, energía, transportes y minería. Su propósito será revisar las medidas tendientes a reducir el número de proyectos de construcción paralizados y generar condiciones más favorables para los proyectos que estén por comenzar. También, un comité operativo regional del que formarán parte varios ministerios y agencias de fomento e inversión, revisará la inversión pública y efectuará un seguimiento periódico de los proyectos en las regiones del país. Igualmente, se velará por la seguridad pública en las labores productivas.
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